Ahora que la reforma tributaria que propone el Gobierno ha pasado de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados a la Sala, parece oportuno recalcar que, si bien se han realizado ajustes al proyecto original, el sentido general permanece. Esto es, la noción de que una meta sustancialmente más alta de recaudación fiscal no sólo es posible (lo que la experiencia de la reforma anterior pone en duda), sino deseable e incluso necesaria (pues se asume que el Estado chileno será capaz de convertirla en gasto socialmente rentable, lo que también es discutible).
Durante la tramitación legislativa, un conjunto de actores institucionales ha advertido que esta reforma impositiva conlleva riesgos para el crecimiento, la inversión y el empleo.
Así, por ejemplo, los gremios empresariales consideran que el impuesto al patrimonio -llamado ‘impuesto a la riqueza’-, es en la práctica una tributación al ahorro, y por ende un desincentivo a la inversión y el empleo; el Colegio de Contadores, por su parte, estima que las nuevas reglas de valorización de los activos pueden resultar perjudiciales para las empresas familiares y las startups; como también la asociación de administradores de fondos de inversión cuestiona los cambios en su régimen tributario como poco beneficiosos.
La semana pasada, la Cámara Aduanera envió al Congreso una carta señalando que las nuevas multas administrativas son excesivas y ralentizarán los procesos aduaneros, produciendo ‘un alto impacto negativo en el comercio exterior’. Este potencial efecto en nuestro comercio internacional, factor clave para la recuperación económica ante la inminente recesión que golpeará a Chile este año, se suma a otros como los referidos antes y que, en el agregado, hacen temer que la reforma tributaria traiga más problemas que soluciones a una economía cuyas magras perspectivas de productividad y crecimiento de largo plazo apuntan a falencias de fondo.
Estas falencias no se abordan de mejor manera desde una óptica tributaria. La siguiente etapa de tramitación legislativa del proyecto debe tener en cuenta estos elementos, si es que realmente se trata de fortalecer nuestra base económica y fiscal, y no de marcar un punto político.
La siguiente etapa de tramitación legislativa debe tener en cuenta las numerosas y bien fundamentadas críticas al proyecto.
Fuente: DF.
